El Gobierno avanza en los requisitos del nuevo bono social eléctrico, lo que permitirá que unos 2,5 millones de hogares se beneficien de un descuento del 25% en su factura de la luz.
Esta normativa vuelve a establecer los criterios para que los colectivos más desprotegidos, siempre que estén acogidos a la tarifa regulada de la luz (PVPC) y lo soliciten.
El cambio normativo fija ahora las subvenciones a los consumidores vulnerables a partir de términos de renta de la unidad familiar, tomando como referencia al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM):
- Unidad familiar sin menores a cargo que tenga una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM.
- Unidad familiar con un menor a cargo que tenga una renta anual menor o igual a 2 veces el IPREM.
- Unidad familiar con dos menores a cargo que tenga una renta anual menor o igual a 2,5 veces el IPREM.
- Los hogares con víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y los hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33% verán incrementados en 0,5 veces el IPREM para pedir las ayudas.
- Junto a ellos, también podrán acogerse todas las familias numerosas, sin límites de renta, y aquellas familias en las que uno de los miembros sea pensionista, percibiendo la cuantía mínima.
Se amplía los plazos para evitar cortar el suministro
El borrador incluye dos nuevas categorías: la de consumidor vulnerable severo y para aquellas familias en riesgo de exclusión social, que son atendidos por los servicios sociales municipales o autonómicos.
Para estas dos categorías amplían el plazo para poder suspenderles el suministro en caso de impago de dos a cuatro meses.